Durante más de una década, una sofisticada red empresarial encabezada por Juan Pablo Lozano Rojas y su familia tejió en Colombia un esquema de emisión de fianzas sin respaldo real. A través de una serie de compañías con fachada legal y continuos cambios de razón social, ocultaron activos, eludieron responsabilidades judiciales y lograron mantenerse operando pese a múltiples denuncias por estafa.
La historia se remonta a 2007 con la fundación de la Compañía Colombiana de Créditos y Fianzas S.A., encabezada por Lozano Rojas y otros miembros de su familia. Desde entonces, la empresa ofrecía garantías de cumplimiento en contratos, pero con el tiempo comenzaron a acumularse las denuncias por la falta de respaldo en las fianzas emitidas.
En 2012, el grupo familiar fundó una nueva empresa: Compañía Interamericana de Fianzas S.A.S., que luego adoptaría el nombre de AFIANCOL Colombia S.A.S. Aunque aparentaba ser una nueva entidad, operaba con el mismo personal, los mismos servicios y los mismos socios. La operación fue trasladada a esta nueva marca mientras se intentaba borrar los vínculos con la empresa original.
El control de AFIANCOL quedó en manos de ANESCO de Colombia S.A.S., una empresa propiedad de los hijos de Mauricio Lozano Rojas, hermano de Juan Pablo. Esta maniobra mantuvo el control en la misma familia, pero distribuido entre diferentes nombres, dificultando su rastreo. ANESCO, además, modificó su objeto social para incluir actividades relacionadas con la importación de contenedores, sector donde se concentraron varias denuncias por estafa.
Entre 2009 y 2023, las empresas relacionadas con el grupo sumaron al menos 87 procesos judiciales civiles. Juan Pablo Lozano Rojas, en particular, enfrenta múltiples causas penales por estafa y fraude. Sin embargo, los procesos se han visto obstaculizados por la falta de activos a su nombre, lo que sugiere una estrategia deliberada de ocultamiento patrimonial. Además, las empresas cambiaron de dirección hasta en diez ocasiones, lo que dificultó su localización.
Los análisis financieros revelan que estas compañías no contaban con garantías reales para respaldar las fianzas que emitían. No hay reportes positivos en centrales de riesgo y, en el caso de Lozano Rojas, no figura ningún bien inmueble registrado en el país. A pesar de ello, las empresas continuaron ofreciendo sus servicios como si contaran con respaldo legal y económico, aprovechándose de la confianza institucional en el sistema financiero.
La red operó mediante una ingeniería social diseñada para simular legitimidad: cambios constantes de razón social, creación de nuevas empresas a nombre de familiares, reformas estatutarias, y portales web que ocultan el historial real de las entidades. Incluso se detectaron irregularidades en el tratamiento de datos personales, ya que las políticas de privacidad remitían a empresas ya inexistentes.
Las víctimas de este esquema no siempre aparecen identificadas en los documentos, pero los indicios muestran que se trata de empresas afectadas por garantías falsas, contratos sin respaldo económico y acreedores que no lograron recuperar su dinero.
A pesar del historial judicial y las evidencias de fraude, AFIANCOL continúa operando, firmando nuevos contratos y manteniendo su presencia digital. Este caso evidencia una preocupante falta de acción por parte de los entes reguladores, en particular de la Superintendencia Financiera, que no ha emitido sanciones ni alertas contundentes.
El caso de la familia Lozano Rojas no solo revela una estafa meticulosamente ejecutada, sino también una debilidad estructural del sistema regulatorio colombiano. Una maquinaria empresarial que opera con apariencias legales y el respaldo de la inacción institucional. Más que un escándalo aislado, es una señal de alarma sobre los vacíos del sistema financiero y legal que permiten que estructuras como esta funcionen impunemente durante años.
