Recientemente se conoció información que el jefe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Marco Baten, favoreció a la compañía de telecomunicaciones favoreciendo con la resolución SIT-DSI-664-2020 con la cual le ahorraría millones a la telefónica y entraría a subasta, y ahora es señalado por la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El gobierno de Guatemala y el presidente Alejandro Giammattei avalaron que la SIT retirara a todas las empresas, organizaciones, iglesias y personas que poseían un título de usufructo en la banda 700 MHz, con excepción de Comunicaciones Celulares, llamada comercialmente Tigo, bajo el argumento de mantener el «derecho adquirido» por la telefónica un año atrás, un usufructo que ocupa el 30% de la frecuencia.
Asimismo, el documento firmado por Baten, en un inicio, mandaba a reordenar las frecuencias de la banda de 700 MHz para que, con adecuadas «especificaciones técnicas» Guatemala, por fin pudiera contar con un «correcto aprovechamiento» del espectro idóneo para la telefonía móvil de última generación, siguiendo los parámetros técnicos internacionales recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
En este caso lo correcto sería aprovechar de forma eficiente ordenando la banda es imperativo limpiar las frecuencias, trasladarlas a otro renglón donde puedan seguir operando como se ha realizado en otros países. Este ordenamiento del espectro ha desarrollado a la radio y la televisión digital y de la telefonía 4G y 5G.
En ese mismo sentido se explica que Baten, en su afán por favorecer a Tigo «transgredió» la Ley General de Telecomunicaciones al no fomentar la competencia y al no administrar y supervisar de forma correcta la explotación del espectro radioeléctrico.
En el mismo sentido se expresa qu Baten afirmó que continúa evaluando el proceso de subasta y que, si su resolución firmada en diciembre de 2020 sacó a todos los ocupantes de la banda 700, excepto a Tigo, es porque «respeta los derechos adquiridos» por la telefónica durante la compra de las repetidoras de canales de audio y video a Mario López.
Por esta razón se usó el término de derechos adquiridos lo menciona la Ley de Telecomunicaciones de 1996, y explícitamente se refiere a quienes adquirieron títulos antes de ese año. El objetivo del artículo es asegurar que quienes poseían una frecuencia hasta ese momento, pudieran continuar utilizándose, ahora bajo la calidad de usufructo pero no mencionaba casos futuros.
De la misma forma se dio a conocer en el informe de la CGC retomó los dos recursos de revocatoria interpuestos ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones. Uno fue elaborado por el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien aseguró que los supuestos derechos adquiridos fueron utilizados «adecuadamente» pues su objeto real se orientó en «beneficiar a una entidad que adquirió una frecuencia de audio y televisión.
También intervino Claro que basó su queja en su interés de comprar los mismos derechos de usufructo de la misma banda que tomó anticipadamente su único competidor en Guatemala. En 2019, Claro compró a Telefónica Movistar por 333 millones de dólares. Así el gigante latinoamericano invocó el primer artículo de la Ley General de Telecomunicaciones, que garantiza el fomento a la competencia entre los prestadores de servicios de telecomunicaciones, por lo que «la SIT no puede ni debe emitir o crear normas que beneficien a un competidor en detrimento de otro».
Pero esta petición fue declarada “Sin Lugar” por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, aunque la Procuraduría General de la Nación, la abogada del Estado, ordenó que se realizaran nuevas diligencias para resolver «en definitiva» y «apegado a la legalidad y juridicidad del caso».
Por qué esto afecta a los Guatemaltecos, esta decisión de la SIT afecta en el sentido que que la banda de 700 MHz está desperdiciada, pues no ha habido una transición formal que permita su adecuado apegándose a los estándares internacionales que, de cumplirse y trasladarse a la frecuencia ideal, la cobertura sería mayor y más barata.
De tal forma a Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público que dirige por cuatro años más Consuelo Porras, tras haber sido reelecta en un cuestionable proceso de postulación, tiene en sus manos la braza que podría definir el futuro de Baten y de la operación que, de momento, tiene a Tigo con ventaja; en un país en el que ni su más acérrimo y único rival en el sector tiene claro qué hacer y decir, mientras envejece un plan que, como en otros países de la región, debió implementarse casi diez años atrás.
