El 29 de enero se presentó en el Congreso de la República la iniciativa 6706, que dispone aprobar reformas al Código de Notariado. Uno de los planteamientos centrales de la norma es la implementación de la firma electrónica en los procesos notariales, cuya finalidad es establecer mayores controles y evitar malas prácticas en el ejercicio de la profesión, como la falsificación de testamentos que propician el robo de propiedades.
La propuesta surge en un contexto donde, de acuerdo con Lorena Flores, consejera general del Notariado y vicepresidenta de la Unión Internacional del Notariado para América del Norte, Centroamérica y el Caribe, se han detectado casos en los que estructuras han utilizado testimonios falsificados para inscribir mandatos y, posteriormente, realizar compraventas, facilitando el robo de fincas.
Según datos del Observatorio de Derechos para la Propiedad, entre 2020 a 2024 se presentaron 2,477 denuncias anuales por usurpación, de las cuales solo el 0.98% concluyó con sentencia firme; asimismo, se registraron 5,740 denuncias por falsificación, y únicamente el 0.92% finalizó con sentencia firme.
Añadió que los registros han tomado acciones para evitar estas prácticas, pero indicó que la utilización de una base electrónica permitiría rastrear mejor los documentos, ya que actualmente no existe interoperabilidad administrativa plena entre las dependencias vinculadas al quehacer notarial.
“Cuando remito mi testimonio con firma electrónica avanzada, estoy enviando el documento fidedigno. Se puede ver hasta el orden del protocolo que compré”, explicó.
En Guatemala, la ley que rige el ejercicio del notariado data de hace más de 75 años. Según expertos, esta norma ya no responde a las dinámicas actuales ni a los avances tecnológicos. “Ya no responde ni se adecua a la realidad de la evolución de la ciencia y de la tecnología. Ha quedado superada por la realidad económica, social, informática y tecnológica”, comentó Flores.
