Luego que la Sala Mixta de Izabal suspendiera provisionalmente la construcción de la cárcel «El Triunfo», el Ministerio de Gobernación aseguró que actuarán legalmente para retomar la obra.
«El Ministerio de Gobernación actúa en estricto apego al ordenamiento jurídico vigente y cuenta con los estudios técnicos, legales y administrativos que respaldan plenamente la construcción del Centro de Máxima Seguridad en Izabal. Este proyecto ha sido estructurado conforme a las competencias institucionales y procedimientos establecidos, garantizando su legalidad y viabilidad», aseguró en un comunicado.
También indicaron que la resolución de la Sala fue emitida de carácter provisional, por lo que atenderán la situación por la vía legal.
«Los equipos jurídicos del Estado activarán, en su momento, los mecanismos procesales necesarios ante las instancias competentes, con el objetivo de salvaguardar la continuidad de un proyecto debidamente sustentado», agregó.
Además, el Mingob aseguró que las acciones legales contra la construcción de la cárcel no desvirtúan la legalidad del proyecto.
«El Ministerio de Gobernación reitera que continuará avanzando, con firmeza y dentro del marco legal, en las acciones necesarias para recuperar el control del sistema penitenciario, fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad de la población», finalizó el documento.
Las razones
Según la resolución de la Sala, hay un evidente riesgo con la construcción de la cárcel, tanto para privados de libertad como para la población.
«De llevarse a cabo la construcción de la Cárcel de Máxima Seguridad en el Municipio de Morales Izabal, por estar próxima al área más grande del municipio, representaría un alto riesgo de inundación lo que hará que se tenga que trasladar a los privados de libertad de emergencia con las sabidas pérdidas materiales o humanas que esto representará, atentando contra los derechos humanos de los privados de libertad, se estarían violentando de esta manera garantías y derechos constitucionales, aunado a ello existe un riesgo para la población».
El amparo fue solicitado por Cresencia Antonia Guerra Hernández de Guerra, Evelyn Liliana Guerra Perdomo, Rogelio Vanegas y Carlos Armando García Mancilla.
