En 2025, Sherly Alejandra Calderón Vásquez ha acumulado más de Q699,000 a través de contratos simultáneos en los municipios de Villa Nueva y San Miguel Petapa, gobernados respectivamente por Mynor Morales Zurita y Mynor Morales Chávez. Según los registros oficiales de Guatecompras, estos ingresos incluyen dietas, bonos y un salario universitario, sumando más de un millón de quetzales entre 2024 y 2025. La magnitud de estos pagos ha encendido alertas sobre la transparencia en la administración de recursos públicos y el posible uso de fondos municipales con fines políticos.
Calderón Vásquez, abogada de profesión, mantiene contratos vigentes en ambas comunas mientras participa activamente en la política local. Su respaldo al partido Valor, la agrupación que llevó a los Morales al poder, plantea interrogantes sobre la independencia de los procesos de contratación y la posibilidad de favoritismo dentro de las municipalidades. La situación se agrava al considerar que su historial laboral evidencia una continuidad con los Morales: se desempeñó como secretaria municipal en San Miguel Petapa percibiendo un salario elevado y actualmente mantiene ingresos significativos en la Secretaría Municipal de Villa Nueva.
La simultaneidad de los contratos de Calderón Vásquez no solo genera dudas sobre favoritismos, sino también sobre la legalidad y ética de ocupar múltiples puestos remunerados dentro de la administración pública, en un contexto en el que la normativa sobre conflicto de intereses y dedicación exclusiva busca evitar precisamente estas situaciones. La concentración de recursos en un círculo político reducido sugiere un patrón de gobernanza que favorece a individuos cercanos a los jefes municipales, en lugar de priorizar el servicio público.
Este fenómeno no se limita a los contratos de Calderón Vásquez. En otros municipios bajo influencia de la familia Morales, se replican prácticas similares. Un ejemplo es Mynor Morales Junior, quien aspira a la alcaldía de Santa Catarina Pinula y ha promovido la entrega de alimentos, presuntamente financiada con recursos municipales. Estas acciones ya motivaron investigaciones penales en Villa Nueva, evidenciando un patrón de uso de recursos públicos con fines políticos y electorales que preocupa a la sociedad civil y organismos de control.
Hasta la fecha, no existe claridad sobre cuánto del presupuesto de estas municipalidades se destina efectivamente a servicios públicos y cuánto podría favorecer intereses políticos o personales. Las cifras de Guatecompras muestran pagos millonarios por servicios que, en algunos casos, parecen más vinculados al respaldo político que a la ejecución de funciones administrativas esenciales. Este escenario pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de contratación municipal ante posibles favoritismos y la necesidad urgente de mecanismos de control más rigurosos.
Expertos en transparencia señalan que la situación en Villa Nueva y San Miguel Petapa refleja un problema estructural: la consolidación de redes políticas familiares en municipios que, por ley, deberían operar con criterios de equidad, eficiencia y legalidad. La concentración de contratos en manos de personas cercanas a los jefes municipales no solo afecta la percepción ciudadana, sino que puede comprometer la calidad de los servicios ofrecidos a la población.
Los casos de Sherly Alejandra Calderón Vásquez y los patrones de contratación en las comunas gobernadas por los Morales evidencian un potencial conflicto entre interés público y beneficio privado, acompañado de un posible uso de recursos para fines políticos. Este contexto refuerza la urgencia de que la sociedad, los organismos de control y la prensa exijan mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos municipales, garantizando que los fondos públicos se utilicen efectivamente en beneficio de la ciudadanía y no de intereses particulares o partidarios.
