Guatemala se encuentra en un punto de inflexión legal y económico con la discusión de la iniciativa de ley 6593, una propuesta integral contra el lavado de dinero y otros activos que busca reemplazar legislaciones que datan de 2001 y 2005.
Durante un reciente foro organizado por la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG), expertos analizaron el alcance de este proyecto que pretende alinear al país con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Félix René Díaz, consultor en cumplimiento y prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, quien moderó el foro, contextualizó que el sistema actual ha quedado corto frente a las nuevas operativas de las estructuras criminales.
Organismos como GAFILAT han advertido desde 2016 la necesidad de reforzar los controles para evitar que Guatemala caiga en una «lista gris» de países no cooperantes, lo que acarrearía graves consecuencias financieras.
Mariano Rayo, asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que la iniciativa unifica en un solo cuerpo legal la prevención del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y, como novedad, la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Rayo destacó que las comisiones legislativas de Finanzas y Economía han realizado un análisis técnico profundo para asegurar que el texto se apegue al marco constitucional.
Uno de los puntos más relevantes de la iniciativa, según lo expuesto, es la ampliación del universo de «personas obligadas».
La propuesta no solo abarca al sistema financiero tradicional, sino que incorpora a sectores no financieros, como proveedores de servicios de activos virtuales, contratistas del Estado y profesionales independientes (auditores, contadores y abogados), aunque con obligaciones diferenciadas a las de un banco.
Rayo enfatizó que existen compromisos técnicos para que la ley no criminalice al sector informal, no prohíba el uso de efectivo ni tenga fines puramente tributarios. Además, se busca una redefinición clara de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) para evitar discrecionalidad en su supervisión.
