En los últimos años, Guatemala ha experimentado un cambio alarmante en su sistema de justicia y libertad de expresión, pasando de ser un ejemplo en la lucha contra la corrupción a criminalizar a jueces, periodistas y candidatos electorales. La Oficina Humanitaria de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) describe esta evolución como un deterioro preocupante en el país centroamericano.
La expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) de la ONU en 2019 marcó un hito en esta situación. La Cicig, que había sido elogiada por su exitoso mecanismo de combate a la corrupción y el crimen organizado, fue expulsada por el gobierno guatemalteco. Desde entonces, se ha observado un aumento en la criminalización de jueces y medios de comunicación independientes.
Alrededor de 40 operadores de justicia que estaban involucrados en casos de corrupción y una veintena de periodistas que investigaban estos casos fueron detenidos o se vieron obligados a salir de Guatemala para evitar ser encarcelados. Estas acciones han llevado a acusaciones de una campaña para silenciar a voces críticas y evitar investigaciones que podrían afectar los intereses del gobierno actual.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han condenado esta tendencia y han señalado que existe un proyecto autoritario en Guatemala que busca destruir la democracia. El presidente Alejandro Giammattei ha rechazado estas acusaciones y ha negado cualquier abuso de poder o violación sistemática de la independencia judicial.
En este complicado contexto, Guatemala se prepara para celebrar las elecciones presidenciales en la primera vuelta este domingo. Sin embargo, varios candidatos y aspirantes a cargos han sido bloqueados por los tribunales y algunos se encuentran en el exilio. Este clima enrarecido y oscuro ha generado preocupaciones sobre la regresión de la democracia en el país.
En entrevistas con BBC Mundo, guatemaltecos que viven en el exilio, incluyendo un exfiscal anticorrupción, un periodista y un aspirante a vicepresidente cuya candidatura fue bloqueada, han denunciado la creciente criminalización y la falta de herramientas reales para defenderse en Guatemala.
Estos casos de criminalización y persecución están relacionados con la expulsión de la Cicig y la gestión de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Porras ha sido criticada por liderar una campaña de persecución y ha sido incluida en una lista de actores corruptos y antidemocráticos por parte de Estados Unidos.
La situación en Guatemala ha generado preocupación a nivel internacional y ha planteado serias dudas sobre el estado de la democracia en el país. A medida que se acercan las elecciones, el ambiente político se vuelve cada vez más tenso y oscuro, en contraste con el entusiasmo y la celebración que suelen caracterizar estos eventos.
