El ex directivo de la empresa de telefonía Tigo, Acisclo Valladares Urruela firmó un acuerdo de culpabilidad el pasado 7 de julio en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida. Con este hecho acepta haber malversado 9.5 millones de dólares con los cuales pagó sobornos a diputados y otros usos. Los delitos que la justicia de Estados Unidos le inculpa son lavado de dinero y conspiración.
El exdirectivo de la telefónica aceptó colaborar con la justicia de Estados Unidos compartiendo testimonios antes que el juez del caso emitiera una sentencia contra el ex presidente del gobierno guatemalteco Jimmy Morales por hechos ocurridos entre 2014 y 2018.
La Fiscalía del Sur de la Florida presentó cargos en contra de Valladares Urruela por lavado de Dinero y Conspiración en enero de 2020 por lo cual el exdirector de Tigo se entregó a la justicia de Estados Unidos, además de ser presunto prófugo de la justicia de Guatemala se le implican otros casos de corrupción.
Valladares Uruela firmó en Estados Unidos un acuerdo de culpabilidad publicado en el Acceso Público a los Registros Electrónicos de la Corte del sur de la Florida que contiene los siguiente:
«El acusado (Valladares Urruela) acepta declararse culpable del cargo I, que cuenta los cargos desde enero de 2014 o alrededor de esa fecha hasta diciembre de 2018 o alrededor de esa fecha en el condado de Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el acusado conspiró a sabiendas y deliberadamente para participar en una transacción monetaria en el comercio exterior a través de una institución financiera, en propiedad derivada delictiva de un valor superior a US$10,000 que se derivó de una actividad ilegal específica, es decir, un delito contra una nación extranjera que involucra soborno o para el beneficio de un funcionario público».
Con este acuerdo judicial, Valladares Urruela tendrá que cooperar con la Fiscalía de Estados Unidos con información que está autoridad le solicite sobre algunos hechos de los cuales se ha declarado culpable, asimismo estuvo de acuerdo en dar testimonios y acceso a documentos que ayuden a la investigación.
El documento publicado por el tribunal de Estados Unidos en el cual se emitirá una sentencia explica que el presunto culpable podría tener una sentencia máxima de 10 años y podría gozar de una libertad supervisada por cinco años si cumple con la obligación de declarar cuando la justicia así lo requiera.
